Marzo, 2010

Evitando la Doble Tributación

Por Ruth Bradley
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En febrero, casi siete años después de haber sellado un tratado de libre comercio, Chile y Estados Unidos finalmente suscribieron un acuerdo para evitar la doble tributación, el que reducirá la carga impositiva sobre muchas empresas y personas a las que se les exige declarar sus impuestos en ambos países.

En medio de las temperaturas extremadamente bajas que afectaron a Washington D.C. durante los últimos meses, hubo al menos un brevísimo descongelamiento. En apenas unos pocos días en diciembre, un propuesto tratado tributario entre Estados Unidos y Chile que había estado congelado por casi 10 años volvió a activarse.

El principal bosquejo del acuerdo para evitar la doble tributación estaba listo desde hacía tiempo, señala Liselott Kana, la jefa del Departamento de Normas Internacionales del Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile. Y, luego que los dos países suscribieron su tratado de libre comercio en el 2003, naturalmente parecía el próximo paso.  

Después de todo, Estados Unidos tiene acuerdos de doble tributación con casi 70 países, incluidos no sólo sus principales socios comerciales, sino que también economías pequeñas como Sri Lanka, Túnez y Armenia. En América Latina, Estados Unidos tenía un acuerdo vigente con Venezuela desde 1999.

De igual forma, la red de acuerdos tributarios de Chile -si bien no es tan extensa como la de sus tratados de libre comercio- es bastante amplia y cubre la mayor parte de las naciones europeas y de otros países de América Latina además de Canadá. Entonces, ¿por qué no tenerlo con Estados Unidos?

El problema era una falta de salvaguardas que Estados Unidos consideraba necesarias para asegurar que sus ciudadanos no usarían cuentas bancarias chilenas para evadir impuestos en su país de origen. Las normas de confidencialidad con la que los bancos deben tratar la información de sus clientes son el impedimento más común para los tratados de carácter tributario, destaca John Murphy, vicepresidente de asuntos internacionales de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Washington.

Ellas son, por ejemplo, una de las razones por las que Estados Unidos no tiene un acuerdo tributario con Brasil, “la única economía de un billón de dólares con la que no tenemos un acuerdo (tributario)”, destaca Murphy.

La insistencia respecto de tales salvaguardas no es sólo un capricho de Estados Unidos. Las negociaciones respecto de los impuestos de Chile con Australia también se estancaron por la misma razón y otros países, con los que Chile suscribió acuerdos en la década de los 90, han adoptado desde entonces una postura más dura.

Sin embargo, esta barrera al tratado tributario entre Chile y Estados Unidos se eliminó en octubre cuando -como condición para el ingreso de Chile a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)- el Congreso de la nación sudamericana aprobó un proyecto de ley que entrega al SII nuevas facultades para acceder a la información sobre transacciones a través de cuentas bancarias y para compartir esa información con autoridades tributarias de otros países.

Ello allanó el camino para que Chile y Estados Unidos suscribieran su tan esperado acuerdo el 4 de febrero. Elogiando el historial económico de Chile, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, alabó al pacto como el punto de inicio de “un nuevo capítulo en la sólida relación económica entre Estados Unidos y Chile”.

Implementando el Tratado

Dado que aún requiere la ratificación del Congreso de ambos países, el tratado probablemente no entrará en vigencia hasta comienzos del próximo año. No obstante, empresas en Chile y Estados Unidos ya están analizando qué representa el acuerdo para ellas y cómo pueden sacarle provecho.

Por supuesto, la esperanza está puesta en que impulsará la inversión bilateral y, en particular, la inversión extranjera directa de empresas estadounidenses en Chile. Durante los últimos 35 años, momento en que Chile inició el proceso de apertura de su economía, Estados Unidos ha sido por lejos su mayor inversionista extranjero, correspondiendo a cerca de un cuarto de los ingresos totales en virtud del Decreto Ley 600 Estatuto de la Inversión Extranjera (DL 600).

Sin embargo, después de alcanzar cifras en torno a los US$ 1.000 millones al año desde mediados de la década de los 90 hasta el 2001, la inversión extranjera en Chile por parte de empresas estadounidenses se enfrió a la mitad de ese monto o menos (si bien repuntó a US$ 3.700 millones en el 2009 cuando la gigante firma minorista Wal-Mart adquirió el control de la cadena chilena de supermercados D&S). Esta caída refleja tendencias globales -principalmente, la creciente importancia de China como un imán para la inversión extranjera directa- pero, “al margen de ello, el tratado tributario entre Estados Unidos y Chile será importante”, sugiere Murphy.

Su opinión es compartida por Franco Brzovic, abogado experto en derecho tributario y socio de Pérez Donoso y Cía, estudio de abogados con sede en Santiago. “La aplicación de impuestos no es el principal factor, pero es uno de los puntos en la lista de temas que revisan las empresas cuando deciden dónde invertir”, afirma.

Una ventaja que aparecerá de manera inmediata, incluso antes de que el tratado entre en vigencia, es el nuevo brillo que da a la imagen internacional de Chile. En comparación con su reciente ingreso a la OCDE, eso puede parecer un asunto menor, pero “Estados Unidos es muy selectivo respecto de con quién firma tratados tributarios”, destaca Kana.

Más aún, el acuerdo distingue a Chile respecto de otros países de América del Sur. A excepción de Venezuela, Estados Unidos no tiene un tratado tributario con ningún otro país en la región y “eso da a Chile una ventaja en su apuesta por desarrollarse como una plataforma regional de negocios”, destaca Héctor Lehuedé, asesor tributario del Ministerio de Hacienda durante el Gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet.    

Pero, en términos más tangibles, también eliminará “una desventaja a la que se le ha prestado poca atención, pero que es muy real para Chile a los ojos de las empresas multinacionales con sede en Estados Unidos”, señala Murphy. A primera vista, eso parece improbable dado que el tratado no modificará el impuesto sobre las ganancias remitidas desde Chile a Estados Unidos.

En la mayoría de los países, incluido Estados Unidos, el impuesto a la retención aplicado a las remesas por ganancias es adicional al impuesto a la renta pagado por la empresa sobre esas utilidades. Sin embargo, en virtud del denominado “sistema integrado” de Chile, el impuesto a la renta corporativo -que se aplica a una tasa del 17%- sirve como crédito contra el impuesto a la retención del 35%.

Entonces, en otras palabras, las empresas que invierten en Chile terminan pagando sólo un 35% sobre las remesas de ganancias. Y, tal como en negociaciones tributarias con otros países, los negociadores de Chile defendieron a brazo partido esta tasa en las negociaciones con Estados Unidos.

“Otros países no reducen su impuesto a la renta para las empresas en los tratados, (sólo reducen) el impuesto a la retención”, destaca Lehuedé, “y nosotros no rebajamos nuestro impuesto a la retención, porque nuestro sistema integrado significa que, para los inversionistas extranjeros que remiten ganancias, ya es equivalente a cero”.

Al eliminar la doble tributación -o los obstáculos que se requiere superar previamente para evitarla- el tratado aumentará, no obstante, la competitividad de las filiales chilenas de compañías estadounidenses, fortaleciendo su posición en procesos de licitación al interior de las mismas empresas para abastecer contratos a nivel mundial. Y eso, a su vez, hará que la inversión en Chile sea más atractiva. 

La Otra Cara de la Moneda

Las empresas chilenas que invierten en Estados Unidos están sujetas a impuestos a la renta tanto a nivel federal como estatal que, si bien varían dependiendo del estado o los estados en los que tienen operaciones, normalmente fluctúan entre el 33% y el 35%.

Luego, si remiten sus ganancias de vuelta a Chile como dividendos, se les aplica otro impuesto de retención del 30%. Y, debido a que ese impuesto no permite ninguna reducción, se aplica sobre una base bastante alta, explica Manal Corwin, asesora de tributación internacional del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

A Chile le habría gustado que Estados Unidos redujera este impuesto de retención a cero para todas las empresas chilenas, sostiene Kana, pero sólo lo logró en el caso de los fondos de pensión. Para los inversionistas que mantengan al menos una participación del 10% en la empresa que paga dividendos -o, en la práctica, inversores de inversión extranjera directa- se reducirá al 5% y, para los que tienen participaciones más pequeñas, al 15%.

También hay otra ventaja para los inversionistas chilenos en Estados Unidos, según Charles Kimber, gerente de asuntos corporativos y comerciales de Arauco, una de las empresas forestales líderes del país sudamericano. Algunos de los empleados expatriados que la empresa tiene en su filial estadounidense se ven duramente afectados por la doble tributación, pero una vez que el tratado entre en vigencia, podrán obtener un crédito fiscal sobre los impuestos que hayan pagado ahí contra sus obligaciones en Chile, anticipa.

Más aún, al simplificar los impuestos, el tratado ofrece una potencial ganancia para las pequeñas empresas chilenas en Estados Unidos, añade Kimber.

Arauco, que tiene ventas anuales por cerca de US$ 400 millones en Estados Unidos, está estructurada de tal manera que el precio que su filial en Estados Unidos paga a la matriz chilena por los productos madereros que comercializa en ese país es claro y está respaldado por estudios de transferencia de precio llevados a cabo por auditores internacionales.

Pero, ¿qué ocurre con las pequeñas empresas que no pueden costear esos estudios? Corren el riesgo de verse de repente obligadas a pagar impuesto a la renta en Estados Unidos no sólo sobre sus márgenes sino que también sobre la diferencia entre sus costos en Chile y el precio al que venden a su filial en Estados Unidos, destaca Kimber.

Exportaciones de Servicios

Sin embargo, para Kana, las reducciones de impuestos a las regalías y aranceles sobre los servicios podrían terminar siendo el beneficio individual más importante del nuevo tratado para Chile. “Facilitará en gran medida la transferencia de tecnología desde Estados Unidos a Chile”, subraya. 

En la actualidad, una empresa chilena que paga regalías o royalties a Estados Unidos está sujeta a un impuesto de retención del 30% (o del 15%, en el caso de software), mientras que, en virtud del nuevo tratado, esto se reducirá a un máximo del 10% y, en algunos casos, a un magro 2%. Más aún, en lo que respecta a otros impuestos, el tratado fija estas tasas contra futuros cambios unilaterales.

De igual forma, para una empresa chilena que arrienda equipos desde Estados Unidos -lo que a menudo constituye una forma indirecta de transferencia tecnológica- el tratado establece un impuesto máximo de retención del 2%. En la mayor parte de los casos, las empresas chilenas actualmente sólo pagan el 1,75%, destaca Kana, pero, para aquellas que pagan hasta un 35%, será una gran beneficio.

El tratado también representa una gran ganancia para la competitividad de los exportadores estadounidenses de servicios. En la actualidad, ellos están sujetos a un impuesto de retención en Chile de hasta el 35%, el que, en muchos casos, disminuirá a cero una vez que el tratado entre en vigencia.

Pero la desventaja en la que se encuentran algunos exportadores estadounidenses de servicios es aún mayor de lo que estas cifras sugieren. La trampa, señala Lehuedé, es que el impuesto de retención se aplica sobre el valor bruto de los servicios vendidos mientras que, en Estados Unidos, se aplica sólo al impuesto a la renta sobre sus ganancias netas de manera que el crédito tributario al que tienen derecho ahí usualmente corresponde a sólo una fracción de lo que ya han pagado en Chile.

En otras palabras, el tratado los eximirá de una elección desagradable entre subir sus precios para proteger sus resultados o recortar sus márgenes con el fin de competir con empresas de países que ya cuentan con tratados para evitar la doble tributación con Chile.

Para los exportadores de servicios tanto de Estados Unidos como de Chile, el tratado también ayuda al definir por primera vez la importante pregunta de qué entienden los dos países como un “establecimiento permanente”. Esto es importante debido a que ser “permanente” en el otro país implica responsabilidad respecto de sus impuestos a la renta y de retención, más que sólo la tributación del país desde donde se generaron los servicios.

Para países con los que Estados Unidos no tiene un tratado tributario, el nivel (que hay que alcanzar) para ser considerado “permanente” es bastante bajo y fácil de activar, admite Corwin. Y la situación no es tan diferente en Chile, añade Lehuedé.

Sin embargo, una vez que el tratado entre en vigencia, tanto las empresas de servicios como las personas que ofrecen servicios profesionales estarán en una posición más sólida. Ellos sabrán que, siempre y cuando no tengan una oficina o sucursal en el otro país, pueden pasar hasta 183 días ahí en un período de 12 meses sin correr el riesgo de ser clasificado como “permanentes”.

“Entregar certeza es una de las principales funciones de los tratados tributarios”, destaca Corwin. También lo es proteger a los contribuyentes de una doble tributación a través de la clara asignación de derechos tributarios entre los dos países, añade. Si bien la prueba del tratado entre Chile y Estados Unidos estará en su implementación, este parece cumplir con estos dos requerimientos, en donde el desarrollo económico de Chile sería el principal posible beneficiario.  

Ruth Bradley es corresponsal en Santiago de The Economist.

Ejemplos de Cambios en virtud del Tratado Tributario entre Chile y Estados Unidos

 

ANTES

DESPUÉS

Remesas de ganancias sobre la inversión extranjera directa en Chile

35% (17% impuesto corporativo + 35% impuesto de retención – crédito por  impuesto corporativo)

Sin cambios

Aranceles para servicios provistos desde Estados Unidos a Chile

Impuesto de retención en Chile de hasta el 35% del valor bruto de los servicios

Se redujo en muchos casos al 0%, siempre y cuando la empresa estadounidense no tenga operaciones  permanentes en Chile

Arriendo de equipos por parte de una empresa estadounidense a una empresa chilena

Impuesto de retención, usualmente por un 1,75%, pero puede ascender hasta el 35%

Fija un máximo del 2%

Regalías pagadas a una empresa estadounidense por una empresa chilena

Impuesto de retención del 30% (15% para software)

Se rebajó desde un máximo del 10%

Remesas de dividendos desde Estados Unidos a Chile

 

 

Impuesto de retención del 30%

Se redujo al:

-          5% para tenedores de participaciones de al menos un 10%

-          15% para tenedores de  participaciones más pequeñas

-          0% para los fondos de  pensiones